¿Qué es dato personal?

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• Los datos personales son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de una persona, que puedan servir para la confección de su perfil. 

• Ejemplos: edad, nacionalidad, sexo, estado civil, domicilio, email, número telefónico, historial educativo, historial laboral, etc. 
   

Cuando se habla de protección de datos consiste en establecer las reglas adecuadas que permitan realizar una buena gestión de los datos dentro de una organización. 

 

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene

derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida

privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el

derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o

particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la

ley. (…)

 

Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados.

    

Objetivos: 

• Protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros y bancos de datos. 

• La constitución, organización, funcionamiento y extinción de las Sociedades de Información Crediticia (SIC). 
   

Excepciones: 

• Uso domestico de los datos personales. 

• Datos personales de personas fallecidas. 

• Datos relacionados a personas jurídicas y personas físicas profesionales. 

• Registros llevados por organismos de investigación. 
   

Artículo 5.- Consentimiento del afectado: toda cesión y recolección de datos personales será ilícito cuando no se hubiere prestado el consentimiento libre, expreso y consciente del titular (dependerá de las circunstancias la forma en la que se obtiene el consentimiento). 
 

Artículo 27.- Excepciones al requerimiento de consentimiento. No será necesario el consentimiento para el tratamiento y la cesión de datos cuando:

1. Se obtengan de fuentes de acceso público.

2. Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal.

3. Se trate de listas para fines mercadológicos, cuyos datos se limiten a nombre, cédula de identidad y electoral, pasaporte, identificación tributaria y demás informaciones biográficas.

4. Se deriven de una relación comercial, laboral o contractual, científica o profesional con la persona física, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento.

5. Se trate de datos personales que reciban de sus clientes con relación a las operaciones que realicen las entidades de intermediación financiera reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y devagentes económicos, de las Sociedades de Información Crediticia (SIC), y de las entidades que desarrollan herramientas de puntajes de crédito para la evaluación del riesgo de los deudores del sistema financiero y comercial nacional, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Artículo 5, numeral 4.

6. Así lo disponga una ley.

7. Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias.

8. Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve el secreto de la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados.

9. Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos no sean identificables.

 

Artículo 44, inciso 2 de la Constitución dominicana. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos.

 

Hábeas data. Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

 

Artículo 18.- Legitimación activa. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data será ejercida por el afectado, sus tutores, los sucesores o sus apoderados. Cuando la acción judicial sea ejercida por personas jurídicas deberá ser interpuesta por sus representantes legales o los apoderados que éstas designen a tal efecto.

Artículo 19.- Legitimación pasiva. La acción judicial procederá con respecto a los responsables y usuarios de bancos de datos públicos y privados destinados a proveer informes, cuando actúen contrario a las disposiciones establecidas en la presente ley.

 

Artículo 13.- Los responsables del tratamiento de datos deberán cumplir los siguientes deberes:

1. Garantizar al titular de los datos, en cualquier circunstancia, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.

2. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta y uso o acceso no autorizado.

3. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la presente ley.

4. Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares de los datos.

5. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley, y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares de la información.

6. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener derecho a ella.